– PÍO IVÁN GÓMEZ SÁNCHEZ MD, MSC, FACOG
PROFESOR TITULAR UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
ASESOR MÉDICO SENIOR IPPF/RHO

Nuestra región en la que más de 20 millones de mujeres tienen demanda insatisfecha en anticoncepción, tiene algunas de las leyes más restrictivas sobre aborto en el mundo y el 95% de los abortos son inseguros, lo que conlleva a morbilidad y mortalidad materna. Las investigaciones han demostrado que los países sin barreras a la anticoncepción, educación sexual y acceso legal al aborto han reducido sustancialmente la tasa de mortalidad materna e infantil y presentan la menor tasa de abortos inducidos.

Quienes llevamos varios años trabajando en Salud Sexual y Salud Reproductiva hemos asistido a innumerables congresos, foros, comités, etc., tendientes a reducir la mortalidad materna y hoy día, si contrastamos con la realidad del momento nos embarga una sensación de impotencia, nos angustia la inequidad, la negligencia e injusticia social y es cuando más cobran vigencia las palabras del expresidente de la Federación Internacional de Obstetricia y Ginecología (FIGO) profesor Mahmould Fathalla: “Las mujeres no están muriendo por causas que no podemos evitar… están muriendo debido a que la sociedad considera que sus vidas no valen el precio de salvarlas”.

La mortalidad materna es apenas la punta visible de un gran iceberg que representa una problemática mucho más compleja. Como profesionales de la salud nos ha tomado mucho tiempo comprender este fenómeno dentro de un contexto más amplio de derechos humanos y cambio social. Estamos comprometidos en la lucha contra las actitudes injustas y desiguales acerca del valor de las vidas humanas, particularmente, las vidas de las mujeres. Es una lucha en la cual las mujeres son las víctimas pero también pueden ser protagonistas para hacer el cambio.

Ahora entendemos mejor el tema de la morbi-mortalidad materna en este contexto más global y hemos comprendido que somos parte de una lucha más amplia, que necesita perspectivas nuevas para problemas que nos aquejan hace mucho tiempo, como la mortalidad materna. Como profesionales de la salud avalamos las recomendaciones internacionales y entendemos la salud como un derecho social el cual se expresa en las diversas obligaciones que los Estados deben cumplir de conformidad con las convenciones, protocolos y declaraciones internacionales que han suscrito. El enfoque actual de salud se basa en los derechos humanos reconociendo que las personas somos titulares de derecho, lo que implica que hay otras personas obligadas a asegurar la vigencia los mismos: los gobiernos deben ser garantes de los derechos, las personas podemos reivindicarlos y las comunidades deben participar en los procesos de adopción de decisiones.

Los derechos sexuales y derechos reproductivos de las personas se sustentan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la titularidad de estos derechos señala que toda persona posee derechos naturales que deben ser reconocidos, respetados y garantizados por los gobiernos de manera obligatoria. En el ámbito internacional los diversos acuerdos alcanzados sobre derechos humanos tienen una mayor jerarquía que la legislación nacional. Lo establecido en el derecho internacional pasa a ser una obligación de los Estados con la ciudadanía y es un deber de los países el garantizar su efectivo cumplimiento.

La Organización Mundial de la Salud propuso los conceptos de Salud Sexual y de Salud Reproductiva, los cuales fueron aprobados en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, El Cairo, 1994 y ratificados en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, 1995. El concepto de Salud Sexual y de Salud Reproductiva está centrado en las personas, hombres y mujeres, como sujetos activos en el ejercicio de sus derechos sexuales y derechos reproductivos, participando en el logro de una mejor calidad de vida personal, de sus parejas, de su familia y de la sociedad en general.

La salud materna, neonatal e infantil, son temas altamente relevantes para las sociedades y constituyen el centro de los derechos a la salud. Desde hace más de un siglo, las políticas de salud en el mundo han privilegiado la maternidad segura y la supervivencia infantil.

Actualmente se considera a la salud materna como un derecho humano y a las muertes maternas como una grave violación a los derechos humanos de las mujeres. En este contexto, es obligación de los gobiernos proteger los derechos de las mujeres a la vida, a la salud y a la igualdad.

Por lo anterior, es incomprensible que en pleno siglo XXI exista debate sobre si las mujeres pueden o no legalmente interrumpir un embarazo. Lamentablemente a veces éste se enfoca solo en el aborto sobre la falsa dicotomía de “pro-vida” (antiderechos) versus “pro-elección” (proderechos). Nadie está en contra de la vida, todas las personas estamos a favor de la vida, pero de la vida digna, con calidad y con la posibilidad de hacer elecciones.

Se nace con una serie de derechos que el Estado no nos otorga, sino que tiene que reconocérnoslos, constituyéndose estos derechos en límites al ejercicio del poder político.

Con un trabajo no finalizado de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, estamos ahora embarcados en el Desarrollo Sostenible, cuyo concepto lo definió en 1988 la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo como: el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.

La Agenda de Desarrollo Post-2015 plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El quinto es el lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, y así garantizar el acceso universal a la salud sexual y salud reproductiva en un marco de derechos sexuales y derechos reproductivos de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de seguimiento.

Monique Witting escribió: “Las mujeres aunque extremadamente visibles como seres sexuales permanecen invisibles como seres sociales”, ya es hora que nuestra sociedad tome conciencia de los derechos y la autonomía de la mujer para decidir sobre su cuerpo sea una realidad en todos nuestros países sin excepción alguna”.

– PÍO IVÁN GÓMEZ SÁNCHEZ MD, MSC, FACOG FULL
PROFESSOR NATIONAL UNIVERSITY OF COLOMBIA
SENIOR MEDICAL ADVISOR IPPF/WHR

Our region, in which more than 20 million women have unmet demand for contraception, has some of the most restrictive abortion laws in the world and 95% of abortions are unsafe, leading to maternal morbidity and mortality. Research has shown that countries without barriers to contraception, sex education, and legal access to abortion have substantially reduced maternal and infant mortality rates and have the lowest rate of induced abortions.

Those of us who have been working in Sexual and Reproductive Health for several years have attended innumerable congresses, forums, committees, etc., aimed at reducing maternal mortality and today, if we contrast with the reality of the moment, we are overwhelmed by a feeling of impotence, we are anguished inequity, negligence and social injustice and it is when the words of the former president of the International Federation of Obstetrics and Gynecology (FIGO) Professor Mahmould Fathalla become more valid: “Women are not dying from causes that we cannot avoid… they are dying due to that society considers that their lives are not worth the price of saving them”.

Maternal mortality is just the visible tip of a large iceberg that represents a much more complex problem. As health professionals it has taken us a long time to understand this phenomenon within a broader context of human rights and social change. We are committed to fighting unjust and unequal attitudes about the value of human lives, particularly the lives of women. It is a fight in which women are the victims but they can also be protagonists to make the change.

Now we better understand the issue of maternal morbidity and mortality in this more global context and we have understood that we are part of a broader struggle, which needs new perspectives for problems that have plagued us for a long time, such as maternal mortality. As health professionals we endorse international recommendations and understand health as a social right which is expressed in the various obligations that States must comply with in accordance with the international conventions, protocols and declarations they have signed. The current approach to health is based on human rights, recognizing that people are holders of rights, which implies that there are other people obliged to ensure their validity: governments must be guarantors of rights,

The sexual rights and reproductive rights of people are based on the Universal Declaration of Human Rights of 1948, the ownership of these rights indicates that every person has natural rights that must be recognized, respected and guaranteed by governments in a mandatory manner. In the international sphere, the various agreements reached on human rights have a higher hierarchy than national legislation. What is established in international law becomes an obligation of the States with the citizenry and it is a duty of the countries to guarantee its effective compliance.

The World Health Organization proposed the concepts of Sexual and Reproductive Health, which were approved at the International Conference on Population and Development, Cairo, 1994 and ratified at the Fourth World Conference on Women, Beijing, 1995. The concept of Sexual and Reproductive Health is focused on people, men and women, as active subjects in the exercise of their sexual and reproductive rights, participating in the achievement of a better quality of personal life, of their partners, of their family and society in general.

Maternal, neonatal and child health are highly relevant issues for societies and constitute the center of the right to health. For more than a century, health policies in the world have privileged safe motherhood and child survival.

Maternal health is currently considered a human right and maternal deaths a serious violation of women’s human rights. In this context, it is the obligation of governments to protect women’s rights to life, health and equality.

Due to the above, it is incomprehensible that in the XXI century there is a debate about whether or not women can legally interrupt a pregnancy. Unfortunately sometimes it focuses only on abortion on the false dichotomy of “pro-life” (anti-rights) versus “pro-choice” (pro-rights). Nobody is against life, all of us are in favor of life, but of a dignified life, with quality and with the possibility of making choices.

We are born with a series of rights that the State does not grant us, but has to recognize them, constituting these rights in limits to the exercise of political power.

With unfinished work on the Millennium Development Goals, we are now embarking on Sustainable Development, whose concept was defined in 1988 by the World Commission on Environment and Development as: development that meets the needs of the present generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs.

The Post-2015 Development Agenda sets out 17 Sustainable Development Goals. The fifth is to achieve gender equality and the empowerment of all women and girls, and thus guarantee universal access to sexual and reproductive health within a framework of sexual rights and reproductive rights in accordance with the Program of Action of the International Conference on Population and Development, the Beijing Platform for Action and the outcome documents of its follow-up conferences.

Monique Witting wrote: “Women, although extremely visible as sexual beings, remain invisible as social beings”, it is time for our society to become aware of the rights and autonomy of women to decide on their bodies, to be a reality in all our countries without any exception”.

– PÍO IVÁN GÓMEZ SÁNCHEZ MD, MSC, FACOG
PROFESSOR PLENO UNIVERSIDADE NACIONAL DA COLÔMBIA
CONSELHEIRO MÉDICO SÊNIOR IPPF/WHR

Nossa região, na qual mais de 20 milhões de mulheres têm demanda não atendida por contracepção, tem algumas das leis de aborto mais restritivas do mundo e 95% dos abortos são inseguros, levando à morbidade e mortalidade materna. A pesquisa mostrou que países sem barreiras à contracepção, educação sexual e acesso legal ao aborto reduziram substancialmente as taxas de mortalidade materna e infantil e têm a menor taxa de abortos induzidos.

Nós que trabalhamos há vários anos em Saúde Sexual e Reprodutiva temos participado de inúmeros congressos, fóruns, comitês, etc., voltados para a redução da mortalidade materna e hoje, se contrastarmos com a realidade do momento, estamos sobrecarregados por uma sentimento de impotência, nos angustia a iniquidade, a negligência e a injustiça social e é quando as palavras do ex-presidente da Federação Internacional de Obstetrícia e Ginecologia (FIGO) Professor Mahmould Fathalla se tornam mais válidas: “As mulheres não estão morrendo de causas que nós não podem evitar… eles estão morrendo porque a sociedade considera que suas vidas não valem o preço de salvá-los”.

A mortalidade materna é apenas a ponta visível de um grande iceberg que representa um problema muito mais complexo. Como profissionais de saúde, levamos muito tempo para compreender esse fenômeno dentro de um contexto mais amplo de direitos humanos e mudança social. Estamos comprometidos em combater atitudes injustas e desiguais sobre o valor das vidas humanas, particularmente as vidas das mulheres. É uma luta em que as mulheres são as vítimas, mas também podem ser protagonistas para fazer a mudança.

Agora entendemos melhor a questão da morbimortalidade materna nesse contexto mais global e entendemos que fazemos parte de uma luta mais ampla, que precisa de novas perspectivas para problemas que nos afligem há muito tempo, como a mortalidade materna. Como profissionais de saúde, endossamos as recomendações internacionais e entendemos a saúde como um direito social que se expressa nas várias obrigações que os Estados devem cumprir de acordo com as convenções, protocolos e declarações internacionais que assinaram. A abordagem atual da saúde é baseada nos direitos humanos, reconhecendo que as pessoas são titulares de direitos, o que implica que existem outras pessoas obrigadas a garantir sua validade: os governos devem ser garantidores de direitos,

Os direitos sexuais e os direitos reprodutivos das pessoas são baseados na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, a titularidade desses direitos indica que toda pessoa possui direitos naturais que devem ser reconhecidos, respeitados e garantidos pelos governos de forma obrigatória. Na esfera internacional, os diversos acordos alcançados sobre direitos humanos têm uma hierarquia superior à legislação nacional. O que está estabelecido no direito internacional torna-se obrigação dos Estados para com os cidadãos e é dever dos países garantir seu efetivo cumprimento.

A Organização Mundial da Saúde propôs os conceitos de Saúde Sexual e Reprodutiva, que foram aprovados na Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, Cairo, 1994 e ratificados na Quarta Conferência Mundial sobre a Mulher, Pequim, 1995. O conceito de Saúde Sexual e Reprodutiva é centrado nas pessoas, homens e mulheres, como sujeitos ativos no exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos, participando da conquista de uma melhor qualidade de vida pessoal, de seus parceiros, de sua família e da sociedade em geral.

A saúde materna, neonatal e infantil são questões de grande relevância para as sociedades e constituem o centro do direito à saúde. Por mais de um século, as políticas de saúde no mundo privilegiaram a maternidade segura e a sobrevivência infantil.

A saúde materna é atualmente considerada um direito humano e as mortes maternas uma grave violação dos direitos humanos das mulheres. Nesse contexto, é obrigação dos governos proteger os direitos das mulheres à vida, à saúde e à igualdade.

Pelo exposto, é incompreensível que em pleno século XXI haja um debate sobre se a mulher pode ou não interromper legalmente uma gravidez. Infelizmente, às vezes, ele se concentra apenas no aborto na falsa dicotomia de “pró-vida” (anti-direitos) versus “pró-escolha” (pró-direitos). Ninguém é contra a vida, todos somos a favor da vida, mas de uma vida digna, com qualidade e com possibilidade de escolhas.

Nascemos com uma série de direitos que o Estado não nos concede, mas tem que reconhecê-los, constituindo esses direitos nos limites do exercício do poder político.

Com o trabalho inacabado sobre os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, estamos agora embarcando no Desenvolvimento Sustentável, cujo conceito foi definido em 1988 pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento como: desenvolvimento que atende às necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades.

A Agenda de Desenvolvimento Pós-2015 estabelece 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O quinto é alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas e, assim, garantir o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva no âmbito dos direitos sexuais e direitos reprodutivos de acordo com o Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento , a Plataforma de Ação de Pequim e os documentos resultantes de suas conferências de acompanhamento.

Monique Witting escreveu: “As mulheres, embora extremamente visíveis como seres sexuais, permanecem invisíveis como seres sociais”, é hora de nossa sociedade se conscientizar dos direitos e autonomia das mulheres para decidir sobre seus corpos, para ser uma realidade em todas as nossas países sem exceção”.